Todas las cámaras empresarias de la provincia de Santa Fé, Argentina, se unieron para reclamar cambios a la norma recientemente aprobada en La Legislatura. Denuncian que se pierden negocios por la obligatoriedad de comprar desarrollos libres

La aprobación de la ley provincial de Software Libre generó el cerrado rechazo de las agrupaciones empresariales del sector, que esta tarde se volverán a reunir con altos funcionarios provinciales para intentar desactivar sus puntos más polémicos.

El proyecto, impulsado por el diputado Pablo Javkin fue votado por unanimidad en la Cámara baja, luego de haber recibido algunos retoques en el Senado, y se convirtió en ley.

Hasta ahora, para las compras estatales de servicios tecnológicos regía en Santa Fe un mecanismo de compra preferencial que priorizaba la adquisición de programas de Software Libre ante igualdad de precio y condiciones con el resto de las ofertas. Pero cuando empiece a regir la ley directamente se comprará Software Libre (salvo que no haya oferta en lo que se busca) y se establece que en el plazo de un año todos los sistemas provinciales deben mudarse a este tipo de programas.

La aprobación generó el unánime rechazo de todas las entidades de empresas tecnológicas provinciales, como el Polo Tecnológico, el Cluster Tics, la Cámara de Empresas Informáticas del Litoral (Ceil), y los nucleamientos de Rafaela y Santa Fe.

Aunque reconocen que venían funcionando bien con la preferencia que regía antes, las empresas molestas sostienen que la nueva ley deja a las grandes tecnológicas fuera de los macro contratos provinciales y a las chicas de los pequeños negocios de la administración santafesina y de los procesos de informatización municipales (ya que hay temores de que la Ley se derrame hacia las comunas). Además, señalaron que los programas de Software Libre pueden ser alternativas para sistemas operativos, pero no para aplicaciones.

“Hay preocupación por parte de las empresas prestadoras del servicio porque ven lesionadas sus posibilidad de compra futura por parte de las entidades estatales”, reconoció el secretario del Sistema de Empresas de Base Tecnológica, Rubén Georgetti, quien explicó que la nueva reglamentación cambia un término de la Ley 12.360, en donde se exponía que la utilización del Software Libre era de preferencia, mientras que ahora queda expreso que es de uso obligatorio.

Pese a que fue impulsada por un legislador del frente gobernante, en el propio gobierno también la recibieron con ceño fruncido por las dificultades que trae para su aplicación, ya que son muy cortos los plazos de mudanza de sistemas operativos.

“Ciertos puntos deben ser modificados, en tanto que la Ley debe ser útil tanto para la provincia como para las empresas”, señaló Juan Pablo Manson, del Polo Tecnológico. “Es un concepto que atenta contra la industria. Además, no existe una valoración que de precedencia a las empresas locales, por lo que no hay un beneficio expreso”, agregó, Fabiana Cereseto, titular de la Ceil

Otra de las críticas de los empresarios es la denuncia de que no fueron consultados a la hora de debatir la ley. “Nunca fuimos convocados ni consultados para analizar el tema”, se lamentó Manson. El Polo Tecnológico tiene afinada llegada al socialismo, por lo que resulta llamativo que no haya sido invitado. “A nosotros nadie nos avisó nada, nos llama la atención porque siempre tuvimos buena relación con el gobierno y ellos estuvieron atentos a nuestras preocupaciones”, agregó Cereseto.

Ante la avanzada empresaria, el diputado proveniente del ARI se plantó, en diálogo con punto biz, en la defensa del proyecto. “Estamos peleando contra la dependencia tecnológica, ya que le resulta poco conveniente al Estado comprar licencias que luego vencen y deben pagar para su renovación”, dijo.

Ante la crítica sectorial sobre lo inconsulto de la ley, el diputado afirmó que se estuvo tratando durante tres años y una vez aprobada, las entidades le enviaron una carta al gobernador para que la vete.

Y en lo que respecta a la posibilidad de se negocien cambios en la ley, Javkin afirmó que “no va a haber modificación porque el proyecto ya se convirtió en Ley, y desde el gobierno no existe esa posición”. También calificó de “imposible e innecesaria”, la posibilidad de que el gobernador provincial emita un veto parcial.

Fuente: Punto Biz